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Juan José lleva media vida veraneando en la playa de la Cortadura. Y lo hace  con su sombrilla, su toalla, su libro de bolsillo... Pero sin traje de baño. Hasta hace un mes este gaditano era simplemente un ciudadano amante del naturismo. Ahora podría tener que pagar un peaje mayor que por ir al volante con exceso de velocidad. Y es que pasearse por las playas de Cádiz liberado de las ataduras del bañador y del tirante del bikini está catalogado de «infracción leve» por la ordenanza municipal aprobada en el Consistorio andaluz el pasado 18 de julio. De 100 a 750 euros tendrá que desembolsar Juanjo si algún agente  aplica esta normativa local que busca «proteger la salud pública, la integridad física y seguridad de las vidas humanas y el medio ambiente, así como conseguir una mejora de la imagen turística de la ciudad». Eso sí, la norma deja una puerta abierta para que en algunos arenales, como La Cortadura, se pueda practicar el nudismo, «siempre y cuando exista una zona habilitada para ello», cosa que de momento no ha ocurrido.

Con el «top-less» playero más asimilado y la guerra abierta a quienes pasean en chanclas y bañador por las ciudades del interior, son muchas las localidades costeras que han decidido desterrar el desnudo integral de sus playas. De aumentar esta oleada antinudista,  afectaría a medio millón de españoles que confiesan practicar habitualmente el nudismo, a los que hay que unir los 1,5 millones de personas que visitan nuestro país en busca de este tipo de experiencia. Además, un 14,5% de la población ha confesado haberse desnudado alguna vez en la playa.

Y es que la normativa de Cádiz no es una cruzada aislada. Otros ayuntamientos como los de El Ejido, Las Palmas de Gran Canaria, Tossa de Mar y Malgrat de Mar ya las han puesto en marcha. En Tossa de Mar está permitido practicar el nudismo en dos calas, pero no en playas urbanas. Quien decida pasear en cueros y saltarse la ordenanza que ha entrado en vigor este mes se enfrenta a una sanción de 200 euros, como también ocurre en la barcelonesa Malgrat de Mar. [continua...]

El Ayuntamiento de Las Palmas optó por publicar un bando en 2004 en el que aclaraba que «el nudismo, cuando se practica en lugares de tránsito, uso masivo o bien impropio de aquella práctica, deja de ser natural para convertirse en forzado exhibicionismo impuesto a los demás». De ahí que lo prohibiera en calles, plazas, parques, jardines, piscinas, playas y recintos deportivos públicos.  Eso sí, a pesar del aviso no se ha acompañado de medida coercitiva alguna.

En Alicante se quiso ir más allá  y en mayo de 2008 se anunció un castigo de entre 751 y 1.500 euros para los nudistas. Finalmente, en la ordenanza sobre convivencia ciudadana que se aprobó en el Pleno levantino desapareció toda referencia a la desnudez ilegal.  ¿El motivo? El gabinete jurídico del Consistorio no cedió ante las presiones de este colectivo, pero sí ante sus argumentos legales.

Aval legislativo

Los naturistas se amparan en la Constitución, pues desnudarse sobre la toalla entraría dentro del capítulo de libertades individuales que se escapan a las competencias locales.  Desde que en 1988 se derogó la Ley de Costas heredada del régimen franquista, se eliminó la licencia que tenían los ayuntamientos para «vigilar la conducta moral». Después, en 1995, el Cógido Penal retiró el delito de escándalo público, y sólo está contemplado el de «exhibicionismo». «Hay un vacío legal. Ahora sólo se pena si muestras tus genitales y realizas actividades lúbricas como la masturbación ante un menor o un discapacitado», explica el abogado y sociólogo Pedro López. Autor del libro «El desnudo al desnudo», defiende que esta cruzada parte de un tabú cultural  no superado. «Aunque ya los griegos lo practicaban en el ‘‘gimnasium’’, el movimiento naturista surge como respuesta a la revolución industrial, a la par que los scouts como precursores del ecologismo, sin ninguna connotación sexual como se le quiere añadir», subraya.

«Tampoco es un tema vinculado a ninguna ideología política, ni siquiera religioso», garantiza Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Nudismo que defiende que «los políticos se han dedicado a legislar con la moral en la mano sin darse cuenta de que no es un problema real entre nosotros y los ‘‘textiles’’ –así llaman a los usuarios del traje de baño–, pues la gente es muy razonable y sabemos todos por tradición dónde se puede practicar o no». Prueba de ello es que la Policía de Cádiz ha tramitado en lo que va de verano 126 denuncias por jugar con la pelota, pero ninguna por pasear en cueros en sus ocho kilómetros de playas.

Sin embargo, el principal aval en el que se ampara Rodrigo es una resolución dictada por el Defensor del Pueblo vasco en octubre de 2001 después de que el Ayuntamiento de Gecho intentara imponer el bañador bajo sanción de 25.000 de las antiguas pesetas. «Desde el punto de vista legal, el ordenamiento jurídico no penaliza la práctica del nudismo en espacios públicos», recogía el dictamen.

La Generalitat de Cataluña ha sido el único Gobierno autonómico que ha sacado pecho por este colectivo. En 1997 el Parlamento catalán aprobó una proposición no de ley en la que defendía la necesidad de que se eliminaran los obstáculos legales para practicar el nudismo. Y no se quedó  ahí. El pasado verano  instó al Ayuntamiento de Sitges a eliminar  de la cala Balmins el letrero «Playa Familiar» que buscaba disuadir a los nudistas.

«Si se han establecido zonas donde los nudistas pueden acudir, que se establezcan otras donde podamos acudir las familias», defiende Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír y de la plataforma Playas Familiares. Este movimiento ya ha recopilado más de 30.000 firmas no para borrar del mapa a los naturistas, sino para coexistir en paz cada uno en su playa «en unas condiciones de respeto y de amparo a la infancia». Pero además de las cuestiones de convivencia, jurídicas y morales, no hay que olvidar que en este debate entra en juego también el factor económico.

Un negocio en auge

«Mucho me temo que en el encuentro que mantuvo Rodríguez Zapatero con los empresarios del sector del turismo en Mallorca este verano, no trató este asunto cuando podría ser una alternativa a la crisis», defiende Rodrigo. Así lo ven en Croacia, donde más del 25% de los ingresos turísticos procede de clientes nudistas, especialmente alemanes.

En Francia, otro de los países que ha descubierto el filón, la Federación Nacional de Naturistas trabaja codo con codo con el Ministerio galo de Turismo para elaborar guías y folletos explicativos. Así, nuestros vecinos cuentan con 65.000 camas y más de 5,5 millones de pernoctaciones anuales para estos clientes, lo que garantiza unos 4.000 empleos directos e indirectos.

El «burkini» que viene

Cuando todavía no se ha legislado de forma clara sobre el nudismo, una nueva realidad comienza a darse en la costa española: el «burkini», o lo que es lo mismo, mujeres musulmanas que se enfundan un traje de neopreno y un velo para disfrutar de un baño en el mar para cumplir con los preceptos marcados por el Islam. «Es el mismo problema. A la gente puede gustarle más o menos que vayan tan tapadas, pero hay que respetarlo, al igual que nadie ha cuestionado la profesionalidad del médico valenciano que ha realizado el transplante de cara por no ir con corbata», asegura el militante nudista Ismael Rodrigo.

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